Bogotá, 20 de Marzo de 2009

Señor

FIDEL CANO CORREA

Director General

EL ESPECTADOR

Bogotá D.C.

Respetado Señor Director:

Agradeciendo el despliegue que El Espectador viene dando a la iniciativa del Referendo por el Agua, quiero hacer algunas precisiones al editorial publicado el pasado jueves 19 de marzo y a la información sobre la marcha que realizamos el día anterior.

Nuestra propuesta se encamina a modificar y adicionar la Constitución Política con un articulado que tiene la generalidad propia de sus normas y principios. Por ello no establecemos cuantos litros deberían conformar el mínimo vital gratuito, que es aquella cantidad de agua básica para satisfacer las necesidades esenciales de bebida, preparación de alimentos y aseo. La fórmula que utilizamos es: “Se debe garantizar un mínimo vital gratuito”. De aprobarse mediante referendo corresponderá a la Ley determinar la cantidad de litros que lo componen o fijar los criterios para hacerlo. Por ello no es exacto decir, como se hace en el editorial que: “… es inferior a la tarifa que hoy subsidia el Estado a través de las diferentes empresas de acueducto, lo que a la larga podría beneficiar a los estratos altos”. De otra parte los beneficiados serán los estratos 1,2,3 y 4, es decir el 85% de la población colombiana. El impacto sobre los estratos altos, que también son seres humanos, podría minimizarse mediante una política tarifaria que es de la orbita de la Ley y no de la Constitución. Por otra parte el actual subsidio cruzado, que da el Estado pues el aporte de los estratos 5 y 6 no alcanza, no puede equipararse a un mínimo vital gratuito, como han pretendido algunos, pues dicho subsidio implica simplemente un descuento sobre el valor total del servicio. El mínimo vital es una cantidad de agua que se consume gratuitamente y a partir de ella se cobra de acuerdo al consumo.  

El aporte de la empresa privada, desde que su ingreso a la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado se permitió, mediante la Constitución de 1991 y la Ley 142 de 1994,  no ha superado el 12% del total invertido. Hoy en día el servicio y su mejoramiento y ampliación futura lo soportan los usuarios es decir las familias colombianas y el Estado. Sobre ello existen estudios de la Contraloría General de la Nación, Profamilia y la Defensoría del Pueblo que son citados en la exposición de motivos que entregamos al Congreso. Las propias cifras de la Superservicios permiten concluir lo anterior. De otra parte, Colombia presenta muy buenos ejemplos de gestión estatal del agua, no solo en Medellín y Bogotá, que podrían ampliarse a todo el país con operadores públicos especializados que incorporen la participación ciudadana, el control social y la transparencia principios que están en nuestra propuesta.  

Tengo el gusto de anexarle una fotografía de la nutrida marcha que realizamos el pasado miércoles para pedir al Congreso la convocatoria del referendo y el respeto al texto firmado por mas de dos millones de ciudadanos y ciudadanas la cual fue acompañada por cinco mil personas aproximadamente, muchas mas de las doscientas que Ustedes registran en su edición del jueves.

Finalmente coincido con Ustedes en la importancia del tema y del debate y renuevo la esperanza de los más de dos millones de colombianos que firmamos la solicitud de referendo, en el reconocimiento del derecho humano fundamental al agua potable en nuestra Constitución   

Cordialmente,

RAFAEL COLMENARES FACCINI

Vocero del Comité Promotor del Referendo.

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INTENSA SEMANA DEL REFERENDO EN EL CONGRESO

Como estaba previsto la discusión sobre la convocatoria al referendo por el derecho humano fundamental al agua potable, la protección ambiental del ciclo hídrico y contra la privatización del servicio público de acueducto y alcantarillado, se reinició el 17 de marzo en la primera sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

La Comisión se dedicó a escuchar, aunque con muchas ausencias de sus integrantes los argumentos en pro y en contra de la iniciativa. El vocero Rafael Colmenares explicó ampliamente la necesidad de consagrar el derecho humano al agua, el cual si bien ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con el derecho a la vida, no tiene aplicación universal en el país y debe ser declarado en cada caso. Hizo hincapié en la importancia que este derecho viene teniendo para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU lo cual se demuestra con el nombramiento de la experta Catarina de Alburquerque, quien a principios del mes presentó el primero de tres informes anuales que debe rendir sobre el  tema. También enfatizó en la importancia de destinar los páramos y ríos a su fin natural de captación y flujo del agua y no a las actividades mineras o al transporte de venenos, haciendo referencia al volcamiento de canecas de cianuro en el Magdalena el año anterior. Llamó fuertemente  la atención sobre la mercantilización del agua en el país, al punto que las propias empresas públicas pero bajo un régimen de derecho privado pagan impuesto de renta. Obviamente este costo se traslada al menos parcialmente a los usuarios pues la única actividad de dichas empresas es vender agua.

El economista Aurelio Suarez explicó concretamente la lógica del funcionamiento mercantil de las empresas públicas, privadas y mixtas que actualmente prestan el servicio de acueducto y demostró la viabilidad del mínimo vital gratuito, aun en el marco del actual esquema tarifario que debería ser profundamente revisado.

No obstante, las voces del gobierno desde la Superintendente de Servicios Públicos hasta el Ministro de Ambiente encargado, con el apoyo del gremio empresarial Andesco, insistieron tercamente en sus argumentos: el derecho fundamental es un peligro pues las acciones de tutela se multiplicarían, el  mínimo vital ya existe por la vía de los subsidios cruzados y el propuesto es muy costoso, lo importante es la rentabilidad de los prestadores, el capital privado se encargará de hacer las inversiones y resolverá el problema de acceso de la población al agua, etc. Incluso el Procurador Ambiental declaró que el problema de establecer el derecho al agua era que ¡habría que cumplirlo!!!

 La partitura del “no se puede” fue tocada por una orquesta bien afinada, solo interrumpida por la voz autorizada de Rafael Espinel, en representación de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos. Al tiempo que el Profesor Rodrigo Marín autor del primer Estudio Nacional del Agua hizo una documentada y profunda exposición de la crisis del agua en Colombia con un enfoque científico.

En los dos días de exposiciones la Comisión registró un precario quórum que se desbarataba a poco de comenzar las intervenciones. No hay seguridad de que los argumentos hayan sido realmente entendidos y vaya a ser sopesados, con notables excepciones. Sin embargo se advierte preocupación e interés en muchos parlamentarios de la Comisión, no será fácil decirle no a dos millones de firmas y desconocer los argumentos que sustentan la iniciativa. La voz del gobierno  sonó fuerte y clara: salvo los artículos relacionados con la protección ambiental, que sería el colmo desconocer pero que de hecho se sacrifica en aras al “desarrollo”,  las demás iniciativas por loables que sean no caben en su estrategia.

El miércoles 18, pocas horas antes  de iniciar la marcha que calentó la lluviosa tarde bogotana, se levantó la sesión y se prevé que el tema volverá a la agenda de la Comisión, en diez días, para tomar una decisión. Entre tanto el Comité Promotor redoblará sus esfuerzos animado por la nutrida marcha de apoyo al referendo y las cartas, nacional e internacional, ampliamente firmadas.

Comunicaciones Referendo – Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida..