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Unión Fenosa en el caribe colombiano

El proceso de privatización de los servicios públicos en el Caribe Colombiano es uno de los mejores ejemplos de los estragos que ha causado en la población la nueva fase capitalista de acumulación llamada neoliberalismo. Este período, caracterizado por la crisis del capital industrial, la hegemonía del capital financiero y su consecuente mercantilización de los recursos naturales y de la vida humana, ya no es sólo el proyecto que a principios de los 90 se presentaba como un discurso modernizador sino que es hoy la principal causa de deterioro del nivel de vida de la población mundial.

En Colombia, el Caribe Colombiano fue pionero en la privatización de los servicios públicos domiciliarios y ésta es hoy la principal causa del conflicto social en la región. En la actualidad, la capacidad adquisitiva de los contribuyentes de estratos bajos, que suman alrededor del 80% de la población, no alcanza para sostener sobre sus hombros las estructuras estatales y además proveer de ganancias a particulares.

El modelo de privatización de las principales empresas estatales, que supone pasar de un Estado interventor a un Estado regulador, controlador y fiscalizador, surge a partir de la crisis económica, social y política en la que están sumidos los países mal llamados “tercermundista”, gracias a la insostenibilidad del capitalismo. La crisis de la tasa de ganancia y la primacía del capital financiero sobre el industrial, una vez desaparecido el llamado socialismo real en la URSS, se intenta resolver por la vía de entregar el capital público a los monopolios internacionales privados, sin prever los niveles de vulnerabilidad social, económica y cultural, en que se encuentran. Lo que pasa por convertir lo que antes eran derechos de los ciudadanos en servicios que consumen clientes, en esta lógica la capacidad de pago y las ganancias que dan por encima del bienestar social de los usuarios y las obligaciones del Estado para con la población.

Pese a que el modelo de liberalización del mercado de los servicios públicos es nuevo, ya ha generado una grave crisis social, como lo demuestran las experiencias recientes de privatización de servicios en Bolivia, República Dominicana, Argentina y el mismo Brasil. Este episodio se repite hoy en Colombia, cuando los mandatarios locales, regionales y nacionales, saben que sus arcas están vacías y la población no tiene capacidad adquisitiva para sostener una economía abierta, bajo una estructura de Estado que adopta políticas que los sume en una vulnerabilidad social, cultural, política y financiera, de grandes costos sociales.

El mismo Banco Mundial, que apoyó financiera y políticamente la liberalización del mercado de los servicios públicos, hoy emite un informe donde rectifica su posición y da cuenta del grave error que han cometido algunos gobiernos, siguiendo sus políticas, al privatizar a ultranza sus empresas públicas.

El nivel de pobreza del Caribe Colombiano es 7% mayor al del resto del país. Esto indica que cerca del 80% de una población como la de Cartagena vive en condiciones de pobreza y alrededor de 211 mil personas están en la indigencia absoluta. Este es un elemento importante en el análisis pues esta franja de usuarios pertenece a los estratos 1, 2 y 3, lo que implica que la capacidad de pago es muy baja, por tanto la maximización de las ganancias, propia de una economía de mercado, en un escenario donde los ‘clientes’ no tienen capacidad de pago hace que se cometan atropellos y violaciones contra la población.

A los nuevos operadores de las redes eléctricas y del sistema no les interesan los principios sociales de un servicio público. La energía es un bien social, su acceso debe ser en condiciones de equidad por ser un derecho de todos los ciudadanos, lo que supone el aseguramiento de una cantidad mínima de energía que les garantice la capacidad de realizar las actividades mínimas de subsistencia para una vida digna (cocción y refrigeración de alimentos, iluminación particular y pública, etc.).

Estos principios son la base de un Estado Social de Derecho, por tanto se supone que el Estado debería implementar formas de acceso a la energía para quienes están por debajo de la línea de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, el modelo liberalizador de los servicios públicos no tuvo en cuenta el contexto socioeconómico y cultural de países como Colombia, lo que hace que esta política se convierta en la causante de una mayor marginalidad y miseria física en las clases menos favorecidas de nuestra sociedad.

A lo que asistimos es a un desmoronamiento del Estado Social de Derecho, que se propuso al menos en las normas, tras la aprobación de la Constitución del 91. Pues a pesar de que ésta consagró principios neoliberales como la independencia del Banco de la República del Legislativo, en temas como la política cambiaria y monetaria, también estableció algunos derechos que no existían en la carta del 86. A cambio, se impulsa un Estado Comunitario en el que la responsabilidad de los derechos sociales pasa a manos del ciudadano mismo en medio de una gran desprotección por parte de las entidades estatales y una mayor injerencia de los sectores privados en asuntos que antes eran del resorte de lo público.

En el caso del Caribe Colombiano, se han cometido todo tipo de abusos por parte del Estado y de la empresa Unión Fenosa a las comunidades, violando todos sus derechos al someter a municipios y barrios enteros a cortes masivos de energía, para sancionar a unos pocos usuarios en mora, sin preaviso de la suspensión, sin respetar los valores que están en reclamo, incluyendo en las facturas el valor de las sanciones sin haberse dado el debido proceso y retirando de forma arbitraria los elementos de infraestructura construidos y gestionados por las mismas comunidades. Mientras Unión Fenosa presiona al Gobierno colombiano para que, por la vía de los subsidios, las recapitalizaciones, los decretos, siga favoreciéndola a costa del bienestar general de los habitantes de la región, el conflicto ha sido canalizado a favor de la empresa gracias a una legislación que aplica las normas del estado Comunitario, trasladando a las comunidades la responsabilidad del funcionamiento del sistema mientras las ganancias siguen en manos del sector privado.

Es por ello que se debe cuestionar claramente el papel del Estado en toda esta problemática, pues se ha convertido en una garantía para la obtención de ganancias por parte de la empresa transnacional y no en la institución que debe propender por el bienestar de las comunidades, lo que ha demostrado con sus diferentes reglamentaciones desde las leyes 412 y 413 de 1994 del Congreso de la República, la Resolución 120 del 2001 de la CREG y, últimamente, los Acuerdos de Malambo del 16 noviembre de 2003 suscritos en un Consejo Comunitario, los decretos presidenciales 3735 y 3734 de 2003 y con acciones como la reciente recapitalización de las electrificadoras donde el gobierno de Uribe Vélez inyectó directamente 270 mil millones de pesos, respondiendo a los repetidos chantajes de la multinacional que amenazaba con dejar el país.

La empresa elaboró y propuso fórmulas como la Energía Social, que se convirtieron en los decretos 3735 y 3734, que hoy toman cuerpo en el Plan de Desarrollo del presidente Uribe, a través de las Mipymes de servicios públicos, Mi Pequeña y Mediana empresa de Servicios Públicos, que propician la vulneración directa de derechos colectivos e individuales, agrediendo e impactando el tejido social de las comunidades afectadas. La creación de entidades comercializadoras comunitarias, para solucionar el problema de facturación son ejemplo de ello, además de la iniciativa mediante la cual se vendería la energía en bloque a un líder comunitario, que se encargaría de la facturación y cobros y suspensiones del servicio. Estas y otras disposiciones, como los esquemas de prepago de energía, siguen acrecentando el enfrentamiento que se presenta en algunas regiones entre líderes, comunidades marginadas, empresa y Gobierno, lo que ya ha causado graves impactos socioambientales y culturales, incluso varios muertos.