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El viernes 6 de julio de 2012, un grupo de personas hizo presencia en la Embajada de Perú en Colombia para Carta a los representantes diplomáticos de Perú contra proyecto Conga, en solidaridad con los campesinos, indígenas, estudiantes, defensores de Derechos Humanos y líderes sociales en general, que se oponen al proyecto minero Conga por la amenaza que representa para las aguas de los peruanos.
En tan solo 12 horas, la carta consiguió el apoyo de 21 organizaciones y 80 personas naturales que se solidarizaron con los guardianes de las aguas en Perú frente a los hechos de violencia que han venido escalando en intensidad en los últimos meses en Cajamarca, Celendín y Bambamarca, alcanzando incluso a una de las personas más reconocidas por su compromiso con las comunidades que exigen que se respete su territorio frente al extractivismo, Marco Arana Zegarra. El mensaje logró ser entregado personalmente a funcionarios de la Embajada, aunque sólo se permitió el ingreso de dos de las ocho personas que se hicieron presentes en la sede ubicada al norte de Bogotá.
Allí, los representantes de Perú en Colombia reiteraron la posición oficial en la que el presidente Ollanta Humala ha insistido ante los reclamos de la ciudadanía peruana:
- Que la responsabilidad de la muerte de campesinos que protestan no es del Estado sino de aquellos que los alientan a levantarse;
- Que las detenciones no han sido arbitrarias sino que se amparan en la declaración de Estado de Sitio en Perú;
- Que solo un 20% de la gente en Cajamarca rechaza el proyecto minero Conga y que el 80% guarda silencio por miedo a la violencia de esa minoría.
Quienes fueron delegados para entregar la misiva insistieron en que la solicitud no es un cuestionamiento a la autoridad del Estado peruano, sino una petición para que la fuerza no sea la respuesta de gobierno ante el ejercicio del derecho a la protesta, que se investiguen y encuentren responsables ante hechos de evidente uso desmedido de la fuerza (hay 8 personas muertas y varias heridas) y que se escuchen las voces de quienes, con argumentos sociales, ambientales, técnicos y políticos, se oponen a la ampliación de la mina que, a pesar de ser la extracción de oro más grande del continente, no ha dejado a las poblaciones locales más que escases y contaminación en sus aguas, ruptura del tejido social y cada vez menos capacidades para decidir sobre sus territorios.
Esperamos, como se acordó, una respuesta escrita de parte de la Embajada en la que, ojalá, en lugar de justificar la escalada de violencia, el gobierno peruano dé luces sobre los caminos para solucionar los conflictos socioambientales que el proyecto Conga ha estimulado en ese país.
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Carta entregada al Embajador de Perú en Colombia
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