EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS SE HAN tomado dos decisiones que le ponen punto final al reciente debate sobre Carimagua. La primera de ellas es la Resolución 582 de 2008 del Incoder, por la cual cancela la licitación de este predio, y la segunda es el Informe de la Comisión de Expertos nombrados por el Gobierno para que lo asesoraran sobre la decisión que debería tomar respecto del mencionado predio.
Después de haber defendido en todos los medios de comunicación su decisión, a través del Incoder se ordena la cancelación de la licitación sin aceptar la responsabilidad por todo lo ocurrido durante el cambio del destino del predio y el proceso administrativo.
La debilidad de la resolución consiste en que no logra justificar por qué cancela todo el proceso. Según el Código Contencioso Administrativo, las razones para hacerlo se presentan cuando viola la Constitución o la ley; va en contra del interés público social o causa un agravio contra una persona. La resolución del Incoder afirma que "si bien el acto de apertura de la licitación de Carimagua no es contrario ni atenta contra el interés público o social, existen razones de esta índole que ameritan revocarlo". Cantinflesco e impropio de una decisión pública sobre una situación ampliamente debatida. Lo realmente grave y contrario al interés público fue el objeto mismo de la licitación, ignorar la responsabilidad del Estado frente a los desplazados y garantizarle un negocio jugoso a un solo empresario agrícola.
El segundo hecho relevante es el informe de la Comisión de Expertos designada por el Gobierno, la cual recomendó que los proyectos y programas que se desarrollen en la región de la Orinoquia deben ser sostenibles financiera y ambientalmente, y deben contemplar una alianza de actores privados, pequeños productores y desplazados. Y, "en la evaluación de las fuentes necesarias para cubrir las inversiones, es fundamental incluir las regalías, además de los recursos de la región". Agrega: "El modelo propuesto para el emprendimiento productivo busca que se garantice el equilibrio entre campesinos organizados y agroempresarios, para que ambos puedan participar activamente en el desarrollo del proyecto y en el reparto de los beneficios que este genere". Esto requiere que el Estado acompañe el desarrollo de las iniciativas. Ahora el mismo Ministro reconoce que se pueden ubicar en Carimagua 500 familias de desplazados, como lo afirma en entrevista con El Tiempo.
Todas estas conclusiones van en absoluta contravía de los argumentos expuestos anteriormente por el Ministro de Agricultura. La tierra no servía, no había suficiente investigación, no había desplazados interesados; sólo podrían vivir 50 familias en el mejor de los casos y la adecuación de los predios era tan costosa que sólo la podían financiar los empresarios porque el Gobierno no tenía recursos. Su teoría para justificar la licitación fue el modelo desplazador que partía de dos premisas: los desplazados son minusválidos productivos y el eje del desarrollo son los empresarios.
Ha quedado en absoluta evidencia que los argumentos del ministro Arias para excluir a los desplazados de este proyecto eran falsos. La tierra de Carimagua sí sirve. La pregunta de fondo es ¿cómo puede, ministro Arias, justificar un viraje tan radical en la explotación de Carimagua sin darle al país una explicación sobre su actitud previa? Los colombianos necesitan una respuesta a esta pregunta: ¿Y las mentiras qué, Ministro?
