El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, anunció que el Ejecutivo abrirá una nueva licitación para el desarrollo de proyectos productivos, con capital privado, que permitan la utilización de once mil hectáreas de Carimagua. El arriendo que pagarán los ganadores del proyecto se repartirá entre 500 familias desplazadas por 50 años.
El modelo de esta nueva licitación se diferencia del que en el pasado propuso el Ministro de Agricultura, en que ahora los campesinos que ocupen y trabajen las tierras recibirán ganancias directas de la utilización de las mismas.
La licitación anterior establecía que los campesinos serían simples empleados de la empresa que ganara la adjudicación y que le pagaría directamente al Gobierno el arriendo por trabajar dichas tierras.
Luego de conocer el informe de la comisión de expertos sobre la destinación que se le debe dar a las 17 mil hectáreas que comprende el predio Carimagua, ubicado cerca de Puerto Gaitán, Meta, el Gobierno anunció que en los próximos meses se reabrirá la licitación para desarrollar en esas once mil hectáreas de esas tierras proyectos productivos que permitan que los campesinos desplazados participen como socios del mismo.
La idea es que los campesinos no sólo sean empleados de quienes ganen la licitación que reciban ganancias directas por estos proyectos, además de un salario por trabajar las tierras.
"En esta nueva dinámica habrá tres socios: el Gobierno que le entregará la tierra en usufructo a los campesinos, los empresarios, que darán el capital para desarrollar el negocio, y los campesinos que pondrán la mano de obra", explicó Arias.
En las seis mil hectáreas restantes se llevarán a cabo proyecdtos de investigación que permitan establecer cuáles son los mejores cultivos y actividades agrícolas que se pueden desarrollar en esa zona del país y cuáles son los sistemas de riego más eficientes.
Para otorgar la licitación, explicó Arias, se tendrán en cuenta el valor neto del proyecto, qué tanta participación se les dará a los desplazados y cuántas familias serán incorporadas al proyecto.
Aunque aún no se ha definido el número mínimo de familias desplazadas que deben ser incluidas en el proyecto, el Gobierno tiene claro que no deben ser menos de 500 a las que se les debe garantizar los servicios sociales básicos.
Acción Social de la Presidencia será el ente encargado de asesorar a los desplazados en el proceso de asociarse y capacitarlos en todo el proceso. Asimismo, el Gobierno vigilará el desarrollo de esta licitación para que ninguna de las partes salga perjudicada.
La comisión aconsejó que para garantizar el éxito de este proyecto el Ejecutivo defina de manera minuciosa cómo se va a dar la asociación, establezca beneficios tributarios, como zonas francas, para que los empresarios vean atractivo invertir en el proyecto, y empiece a desarrollar procesos de infraestructura y tecnología que hagan viable la iniciativa.
