¡!!LA LEY FORESTAL FUE CORTADA Y TUMBADA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL!!!
La ONIC, celebra con gran beneplácito que el espíritu de millones de colombianos, haya alimentado a la Honorable Corte Constitucional para defender la Soberanía Nacional, al tumbar la Ley Forestal.
La Sala Plena del alto tribunal consideró este 23 de enero, que la norma, criticada y demandado por distintos organismos ambiéntales y sociales del país, que como la ONIC demando a la Corte Constitucional a DECLARAR LA INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY 1021/06; el 26 de julio del 2007, ver demanda en la sección de documento), por permitir la explotación de bosques naturales y demandada por distintos órganos sociales y ambientalistas, la cual se aprobó sin consultar a comunidades afrodescendientes e indígenas, entre otros.
De modo que la Honorable Corte Constitucional concedió la razón a los múltiples argumentos de organizaciones ambientalistas, afros e indígenas, base para tumbar la nefasta ley 1021 de 2006, que fue impulsada por el Gobierno de la Seguridad Democrática, criticada también con el argumento de que le daba la oportunidad a los paramilitares de legalizar las tierras de las que se habían apoderado.
Sobre el tema, el procurador, Edgardo Maya, dijo cuando la ley fue aprobada que con la ley, el país presenciaría "la explotación incontrolada y desbordada de nuestros recursos forestales". Por su parte el Periódico EL TIEMPO, "conoció que la declaración de inexequibilidad afecta a toda la ley y la excluye del ordenamiento jurídico".
Así la decisión de la Corte obliga a reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas y agros que por generaciones han garantizado la conservación de las selvas y sus culturas; es decir se reconoce que dichos derechos fueron violados, evitando así que las selvas del país sean tratadas sólo como madera, como mercancías, y no como generadoras de VIDA.
ComunicaONIC.
Consejero Mayor ONIC;
Luis Evelis Andrade Casama
TEL: 315-8572995
PRUNCIAMIENTO INDÍGENA FRENTE AL PROYECTO DE LEY FORESTAL
Los pueblos indígenas de Colombia, los miembros indígenas de la Comisión Nacional de Territorios, y autoridades indígenas de Colombia - AICO, y la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, reunidos en el taller nacional de seguimiento territorial, en la ciudad de Bogotá, los días 16 y 17 de mayo de 2005, con el fin de analizar la situación de los pueblos indígenas en materia territorial en el marco del actual periodo de gobierno y hacer seguimiento a las iniciativas legislativas que afectan de forma sectorial y fragmentada el ordenamiento del territorio nacional; luego de un concienzudo estudio de las iniciativas gubernamentales sobre ley forestal, ley de aguas y de paramos, debemos expresar frente al proyecto de ley forestal que este:
1. Se trata de un proyecto de ley que busca preparar los escenarios jurídicos para la implementación de megaproyectos en el marco del Tratado de Libre comercio. Así lo evidencia los procedimientos desconocedores de las autoridades indígenas pues considera que los planes de manejo ambiental, incluso los conceptos sobre los mismos los debe hacer un agente experto forestal, el cual además de estar al servicio de los agentes económicos interesados o explotadores de los recursos naturales, desconocen los planes de vida de los pueblos indígenas que son de carácter colectivo y validados por las respectivas autoridades tradicionales como legitimas autoridades del Estado.
Es claro para nosotros que la iniciativa de ley forestal lejos de ser proteccionista de los recursos naturales se enmarca en los procesos de globalización de la economía de mercado e individualista, cuya punta de lanza en Colombia y el hemisferio en términos normativos es la búsqueda de la seguridad jurídica para la inversión de capital extranjero a costa de la inseguridad jurídica, social, económica y cultural de la sociedad en general y mas de los pueblos indígenas.
Busca garantizar incentivos a la inversión, al comercio y a la explotación maderera en el país. Es un proyecto que fomenta y consolida la inversión privada en territorios colectivos y comunales cuyas características no son respetadas en el proyecto en mención.
El proyecto de ley por lo tanto vulnera y pone en riesgo la propiedad colectiva de los territorios y la integridad cultural de los pueblos indígenas.
Abrir de forma permanente y bajo respaldo estatal, los recursos de la naturaleza a los mercados globales significa una ventana para la extracción y comercialización de los recursos genéticos y de biodiversidad cuyos propietarios legítimos son los pueblos originarios de este país. Nosotros los pueblos indígenas ahora y en todo momento nos negamos a esta posibilidad puesto que significa la extracción de nuestra esencia, nuestra memoria y nuestra razón de ser como pueblos.
2. De acuerdo con la constitución política de Colombia, a la ley 21 de 1.991, ratificatoria del convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas deben decidir sobre su propio futuro y sobre iniciativas legislativas que afecten su integridad como pueblos y culturas milenarias. En el caso del proyecto de ley forestal y de otras iniciativas legislativas que actualmente cursan en el congreso de la republica, los pueblos indígenas de Colombia no han sido siquiera consultados.
En este mismo sentido, al establecer que los acuerdos voluntarios deben estar sujetos a los organismos competentes definidos en la iniciativa, se plantea un desconocimiento de la autonomía de las autoridades indígenas. Significa también que al proponer autoridades competentes para certificar explotaciones forestales desconoce además a las corporaciones autónomas regionales y a las autoridades indígenas como autoridad forestal de acuerdo a la constitución política y la ley nacional.
3. El proyecto de forestal si bien se presenta de forma aislada, desde los pueblos indígenas es claro que constituye una forma inconsulta de ordenamiento sectorial del territorio, desconociendo los derechos adquiridos y a la misma constitución política de Colombia pues esta establece como una forma de reglamentación y delimitación de las entidades territoriales indígenas a la Ley orgánica de ordenamiento territorial, la cual aún no ha sido expedida en el congreso de la republica.
Desde la perspectiva de los pueblos indígenas y en el marco de la constitución colombiana las autoridades indígenas son legitimas autoridades del Estado y son esta con fundamento en los mandatos de la cultura propia y de sus comunidades quienes deben decidir sobre el uso de los recursos de su territorio, entendido este de forma integral en cada pueblo indígena.
Además en el marco del conflicto armado que vive el país, la implementación de esta ley significa la agudización de los ataques en contra de los pueblos indígenas pues los intereses creados a partir de ella, estigmatizara aún mas a los pueblos indígenas pues somos nosotros los que a toda costa defendemos nuestra forma de vida, nuestra autonomía, nuestro territorio y dignidad.
Ya en varias regiones del país se han venido presentando procesos de desplazamiento forzado provocados por los actores armados que respaldan intereses de megaproyectos cuya implementación requiere de los territorios de los pueblos indígenas. Ante esta violación sistemática de los de los derechos de los pueblos indígenas, y de los derechos humanos de estas poblaciones, las autoridades del Estado no se pronuncian y por el contrario se presentan iniciativas como la ley forestal que busca legitimar los procesos de exterminio de los pueblos indígenas, su forma de vida, la expropiación de sus territorios a favor de intereses comerciales, financieros e individualista. Visión que respalda y se ampara en los procesos de guerra. Por el contrario para los pueblos indígenas la naturaleza ampara nuestros proyecto de vida.
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA - ONIC
AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA - AICO
Integrantes indígenas de la Comisión Nacional de Territorios
