En medio de las dramáticas transformaciones jurídicas, políticas y económicas implementadas por el gobierno nacional, relacionadas con la privatización de los recursos naturales y del reordenamiento del control sobre los territorios y recursos estratégicos del país, el día 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional, declaro inexequible la Ley Forestal, luego de una demanda por inconstitucionalidad, instaurada en el año 2007 por el "Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes", elaborada a partir de una rigurosa sustentación jurídica por parte de este excelente grupo de trabajo, con el apoyo de amplios sectores de la sociedad civil. La ley Forestal fue aprobada por el Congreso de la República en diciembre de 2005, en medio de una fuerte presión del Gobierno Nacional y de la industria maderera, pasando por encima de la oposición general de los movimientos sociales, comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, organizaciones ambientalistas, comunidad científica y académica entre otros.
La Corte Constitucional en su fallo le da la razón a los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, quienes reiteradamente denunciaron que en el trámite de la Ley en el Congreso, el Gobierno no realizó consulta y tampoco permitió la participación de estas comunidades en el proceso de formulación y aprobación de la ley. Durante más de dos años que duro el tortuoso tramite del proyecto en el Congreso de la República, las organizaciones de la sociedad civil y los solitarios legisladores como el Representante Pedro Arenas, intentamos parar este nefasto proyecto de ley; pero finalmente fue aprobada en el Congreso por la aplanadora Uribista (muchos de ellos hoy en la cárcel, por el proceso de la para-política), de la mano del Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quienes impusieron la ley a pesar de los inocultables vicios de procedimiento en el trámite del proyecto y de vicios de fondo, como los argumentados por la Corte Constitucional. Pero también se demostró en el debate de esta ley en el Congreso, que su objetivo fundamental es entregarle en bandeja de plata los bosques naturales del país, a las empresas madereras.
Con esta decisión de la Corte Constitucional ganamos todos los colombianos que creemos que un mundo más justo y sostenible es posible. Este triunfo abre una ventana de esperanza y recarga las fuerzas en los procesos de resistencia y de lucha de la sociedad en general, frente a este modelo de privatización de todos los bienes públicos y el vaciamiento de los territorios colectivos. Este fallo de la Corte, no solo trasciende a la defensa el patrimonio forestal de la nación y de las comunidades locales; sino que también genera jurisprudencia, que esperamos sea aplicada en otras demandas judiciales actualmente en curso, como es el caso de la demanda por inconstitucionalidad del Estatuto de Desarrollo Rural; y también se aplique en otras leyes que en un futuro pretendan imponer el derecho y los intereses individuales sobre los derechos colectivos y los bienes de uso público, que son patrimonio de todos los colombianos.
