Esta decisión de la Corte Constitucional podría derivar en una tormenta política, al igual que sucedió hace poco más de tres años.
En diciembre de 2005 fue aprobada en el Congreso la Ley Forestal que generó un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y sectores ambientalistas. En ese entonces, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, sin concretar acusaciones pero con suspicaces comentarios, en una inesperada rueda de prensa se preguntó: "¿Será que hay algunos sectores interesados en que se mantenga el statu quo y se siga atentando contra el bosque natural? (...) ¿Será que hay personas que tienen negocios de reforestación y no quieren que nadie más pueda competir?".
Un mes antes, cuando la discusión de la Ley Forestal estaba al rojo vivo y varias organizaciones no gubernamentales, indígenas y afrocolombianas cuestionaban la falta de consenso ciudadano para definir los términos del articulado, la ministra de Medio Ambiente y Vivienda, Sandra Suárez, en entrevista concedida a El Espectador, respondió a las críticas formuladas por varios sectores y en particular manifestó: "El país tiene que abrir los ojos y entender que en materia de medio ambiente, la última palabra no la tienen dos ex ministros".
Después de una conciliación en Cámara y Senado, la Ley Forestal fue aprobada, momento desde el cual se anunciaron demandas ante la Corte Constitucional por parte de la mayoría de ambientalistas. Según ellos, ésta se tramitó a espaldas de las comunidades afrocolombianas e indígenas de Colombia, que son las propietarias de la mayoría de bosques del país. Y que, en consecuencia, antes de su aprobación debió adelantarse una consulta a dichas, comunidades por tratarse de un patrimonio natural: los bosques.
En esa oportunidad, el ex representante a la Cámara Pedro Arenas manifestó su inconformidad con el trámite que tuvo esta ley dentro de la corporación. Según el parlamentario, se hicieron sesiones exageradamente largas; se abrieron votaciones sin existir quórum; no se permitió la votación uno por uno de los 25 artículos más polémicos de la ley; el presidente de la Cámara desconoció su propuesta de enmienda total a la ley y se introdujeron artículos a última hora.
Según el representante, no se realizaron las consultas previas con las comunidades afectadas y en la ley se establecen temas tributarios que riñen con la unidad de materia. Arenas manifestó su descontento con el proyecto desde que comenzó su trámite en el Congreso de la República, por considerarlo lesivo para los intereses ambientales del país. Este miércoles, la Corte Constitucional les dio la razón.
