El fiscal general, Mario Iguarán, revela que se investiga si esas empresas contrataron a paramilitares con el fin de quedarse con tierras de las comunidades negras.
Yamid Amat: ¿Qué fue lo que descubrió e investiga la Fiscalía en el Chocó?
Mario Iguarán: La tragedia de la comunidad de las cuencas de los ríos Jiguamiandó, Curvaradó y Domingodó. En los 80 padecieron la presencia de las Farc y en los 90 la de las autodefensas de los Castaño. Hay unos señalamientos sobre un desalojo de las autodefensas con el argumento de que era para erradicar a grupos guerrilleros. Hay indicios de que esos desalojos se dieron no tanto para expulsar a la guerrilla, sino para apropiarse de tierras que le pertenecen a la comunidad. Después de recibir más de un centenar de testimonios, de practicar inspecciones judiciales en las empresas cultivadoras de palma, en aceiteras, en bancos, en notarías y en oficinas de Registro y de Instrumentos Públicos, la Fiscalía acaba de abrir investigación formal y ordenar vincular mediante indagatoria a los representantes de varias empresas.
¿Cuáles empresarios?
Representantes, entre otras, de Selva Húmeda, Urapalma, Palmura, Inversiones Agropalma, Palmas de Bajirá, Palmadó, Palmas de Curvaradó e Inversiones Fregny Ochoa, por la supuesta comisión, entre otros delitos, de concierto para delinquir, usurpación de tierras y, uno muy grave, desplazamiento forzado.
¿Cuántos son en total?
Más de 20.
¿Es la confirmación de la utilización de autodefensas por parte de empresarios?
Los paramilitares no buscaron a nadie, sino que a ellos los buscaron.
¿Hasta dónde llevará la investigación?
Hasta donde los hechos a probar y el derecho a aplicar lo ordenen.
