La CAS, entidad ambiental de Santander, y los habitantes de Charalá, están a la espera de los resultados que arroje un estudio que hace tres meses realizó en el sector la Procuraduría Agraria.
Como si se tratara de una frase impuesta desde la escuela, muchos de los 5.203 habitantes del casco urbano de ese municipio, a dos horas de Bucaramanga, responden a la iniciativa con un "ni pío".
Allí representantes de la comunidad mantienen desde hace tres años una polémica con la empresa Avifonce, que busca instalar en una vereda 35 mil gallinas reproductoras adquiridas en Holanda.
Los líos comenzaron cuando líderes ambientales de la región, como Juan Carlos Villacreces, se enteraron de que la avícola, con sede en la capital santandereana, compró 415 hectáreas, en jurisdicción de las veredas La Laguna y La Herrerita, a 40 minutos del poblado.
"Avifonce adquirió terrenos que el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de Charalá declaró protegidos ambientalmente en octubre del 2003. Allí está prohibido el uso agropecuario, industrial, loteo, tala, pesca, cacería y quema", afirma Villacreces, dueño de un café-Internet.
Wilson Mesa, gerente de Avinfonce, asegura que cuando compró los terrenos en septiembre del 2004 y por los que pagó 500 millones de pesos, desconocía esa normatividad.
Adriano de Jesús Quintero, otro líder local, no cree en esa salvedad. Precisa que en la región nacen las quebradas Ranchería y La Sanguina que, a través del río Fonce abastecen con 16 litros por segundo el acueducto local.
"Suplicamos a Avifonce que acate el Esquema Territorial porque esas veredas son frágiles a la intervención humana. Imagínense la contaminación por la gallinaza", manifiesta Quintero, del Comité de Veeduría Ambiental de Charalá.
Pero Mesa afirma que, según estudios que contrató el Esquema de Ordenamiento Territorial está mal. Con un mapa, explica que solo 98 de las 415 hectáreas están en un bosque natural secundario y que las quebradas Ranchería y La Sanguina no nacen allí.
"No estoy en contra del manejo ambiental. Hace 13 años en municipios vecinos como Valle de San José tenemos 65 mil reproductoras en 32 hectáreas y en El Páramo 140 mil más en 150 hectáreas y no hemos tenido inconveniente. No sé por qué 'cacarean' tanto en Charalá, donde haríamos lagos para almacenar agua lluvia y no contaminar las quebradas", añade Mesa.
El proyecto, en el que se invertirían 1.000 millones de pesos y que generaría 60 empleos directos sigue frenado y por la demora en su ejecución Avifonce pierde cada mes 80 millones de pesos.
En espera de investigación
La CAS y los habitantes de Charalá esperan un estudio de la Procuraduría Agraria que definirá si las 415 hectáreas adquiridas por Avifonce están en zonas protegidas.
La investigación también determinará si las quebradas Ranchería y La Sanguina nacen en los futuros predios de los galpones. Héctor Murillo, director de la CAS, confirma que Avinfonce, que detuvo el trámite de la licencia ambiental del proyecto, fue sancionada con el pago de 13 millones de pesos.
Frente a la sanción, Mesa sostiene que fue error de los topógrafos. Mientras los detractores intentan cortarle 'alas' del proyecto, el empresario está dispuesto a desmontar la iniciativa si Charalá compra los terrenos. Pablo Méndez, el alcalde, dice que el municipio no tiene "tantos huevos en la canasta".
FÉLIX LEONARDO QUINTERO
ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO
CHARALÁ (SANTANDER)
